Por Erubey Gutiérrez R.*
“Estos muros son especiales. Primero los odias, luego te acostumbras. Pero después de un tiempo te aferras a ellos. Quedas institucionalizado” Ellis “Red” Reding – The Shawshank Redemption
Como parte de las reformas que se han comenzado a presentar en el Congreso de la Unión una de ellas está causando controversia: la Ley de Amnistía. Y es que, como hoy día cualquier acción de gobierno y legislativa genera debates llenos de mucha ignorancia y odios pueriles, esta propuesta del Ejecutivo no es la excepción, ya que liberar “delincuentes” se escucha peor de lo que es en realidad.
Pero antes de sacar a pasear nuestros traumas y prejuicios, hagamos una pausa y veamos de que trata esta propuesta, cuales serían sus alcances y sobre todo: ¿sirve el sistema de readaptación social mexicano?
Si vamos por partes, empecemos por revisar la dimensión del problema penitenciario. Según el último reporte del INEGI existen 267 centros penitenciarios, en los cuales hay un total (a 2016) de 188,262 reclusos, lo que representa una sobrepoblación de 17,500 presos según la capacidad real de las cárceles. Así que la primera realidad es evidente: no hay espacio para más presos.
Otro punto importante son las personas presas sin sentencia. Para el año 2016, esta población penitenciaria era del 35%, es decir, más 65,000 personas con procesos penales aún en proceso. Esta población muchas veces se ven recluidas no solo por los procesos largos y complicados, sino por que son personas sin recursos para llevar sus casos, o porque las fiscalías no toman los asuntos en forma y los dejan dormir el sueño de los injustos.
Por último, el punto del objetivo real de la readaptación social: la reinserción de los presos a la vida en comunidad. Para 2016, el 91% de los centros tenían actividades recreativas, el 81% actividades de acondicionamiento físico, en materia de capacitación laboral solo el 43% tenía actividades de habilidades laborares y solo el 33% entregaron un certificado de habilidades respaldado por las autoridades. Y aunque la mayoría de los reclusos hacen alguna de estas actividades, pero no hay un seguimiento real de que al salir de prisión estas actividades sirvan para llevar una vida diferente.
Ahora bien queridos amigos y amigas, estos fríos números no reflejan una de las más crueles realidades tangibles de las prisiones: todo criminal que está recluido es prácticamente imposible que deje de delinquir; que los que entran por delitos menores terminan relacionados con criminales más peligroso y suben el nivel de sus crímenes al salir; que aquellos que cumplen condenas altas deben seguir delinquiendo desde el penal por medio de extorsiones, planeación de secuestros, ventas de drogas y armas al interior y fuera de los penales. Es decir, los penales no son centros de “readaptación social”, sino esas mal llamadas “universidades del crimen” y centros de operaciones de mafias enteras.
Por eso la propuesta de este Gobierno de atender a ciertos grupos de reclusos no es mala, ya que va enfocada a sectores muy específicos: personas de comunidades indígenas sin el debido proceso llevado en sus casos, mujeres que abortaron sin violencia y con consentimiento, y personas presas por narcotráfico que fueron presionadas, coaccionadas por grupos criminales o por su pareja o familiares, y que tengan una condición de pobreza y en zonas marginadas. ¿Se busca “beneficiar” a delincuentes? No, esa es una visión muy mezquina e intolerante. Lo que busca es aminorar la saturación de las prisiones, darles una oportunidad de reinsertarse en la vida social de forma honesta y legal, y también, es obvio, reducir los costos del sistema penitenciario para el Estado.
Sin embargo, esta sola Ley no va a ayudar mucho en el otro rubro sensible a todos: los altos índices delictivos que se están presentando. Para que eso suceda, el Estado debe atender puntos muy claros, y de forma urgente:
1. Diseñar e implementar una política pública efectiva de reinserción social de los presos que cumplen su sentencia, con actividades productivas con certificación oficial de habilidades laborales, así como de conclusión de estudios de educación básica, media superior y superior.
2. Impulsar una política de atención a presos con procesos abiertos que sean de bajos recursos y con delitos menores, para que rápidamente puedan obtener sentencia y resarcir el daño de diversas formas.
3. Aplicar medidas de control y seguridad dentro de los penales, para que no se puedan realizar llamadas telefónicas por red convencional sin supervisión, bloquear redes celulares e impedir actividades comerciales dentro de los penales, ya que ahí venden drogas y armas.
4. Generar un programa de actividades productivas dentro de los penales, tanto para coadyuvar a los gastos de manutención de los internos, como para que ellos vayan generando un ahorro para el momento en que puedan ser liberados.
Sabemos que esto es un tema muy complicado, espinoso y muy costoso. Las mafias tienen el control de la mayoría de los penales en México, el costo de los penales es alto, los beneficios pocos y la delincuencia en incremento.
*Politólogo y Maestro en Administración Pública.