La economía de México prácticamente se ha paralizado y ha puesto en jaque el mercado laboral por la epidemia del coronavirus, pero en el proyecto gubernamental del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, decenas de miles de trabajadores continúan con sus faenas todo el día para terminarlo a tiempo.
Cuando el Gobierno ordenó el cierre de actividades no esenciales para detener la propagación del virus, se hizo una excepción para los proyectos prioritarios de infraestructura del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Estos incluyen el aeropuerto Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, una refinería en el puerto de Dos Bocas, en el Golfo de México, y el llamado Tren Maya, una línea de ferrocarril de 1,470 kilómetros que conectará puntos turísticos de la península de Yucatán.
A las empresas productoras de acero, cemento y vidrio -materiales empleados por esos proyectos-, también se les permitió continuar operando. Mientras que el sector automotor, aeroespacial, la minería y la construcción reiniciaron labores el 1 de junio.
Críticos dicen que la obra en Santa Lucía, más barata pero también más distante, condenará a la metrópoli de 23 millones de habitantes a un destino de retrasos y cancelaciones de vuelos interminables.
Pero al menos su construcción podría terminar a tiempo. Nueve meses después de iniciadas las obras, el proyecto del aeropuerto, que inicialmente tendrá una capacidad anual de 20 millones de pasajeros, lleva alrededor de un 20% de avance y se espera que esté terminado para marzo de 2022.