La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsada por el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y aprobada esta semana, provocará múltiples batallas legales y solicitud de arbitrajes de empresas, asociaciones civiles y usuarios tanto en tribunales nacionales como internacionales, explican este sábado abogados consultados por Efe.
La reforma que favorece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), frente a privadas y extranjeras, aún debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), pero ya hay elementos para combatirla, asegura Mariana Salinas, abogada especializada en el sector energético del grupo Enersave.
"Las empresas, una vez que conozcan los efectos que va a producir la implementación de esta modificación, decidirán establecer una defensa legal de sus derechos, buscarán proteger los derechos que tienen adquiridos y que se respete el orden constitucional", manifiesta.
El principal cambio de la reforma, propuesta por el Presidente es eliminar el criterio económico para despachar primero la electricidad de las plantas hidroeléctricas y de combustibles fósiles de la CFE sobre las centrales privadas de renovables.
También ordena revisar los permisos de autoabastecimiento y contratos previos del Gobierno con productores independientes de energía, además de cambiar las reglas de los Certificados de Energía Limpia (CEL) para darlos a plantas viejas de la CFE.
