Desde 2012, un banco en Suiza detectó movimientos millonarios inusuales en una cuenta vinculada a Emilio Lozoya y su hermana Gilda, por lo que inició una investigación, hecho que cinco años después fue informada al gobierno de Enrique Peña Nieto sin consecuencias.
Los movimientos por los que Latin America Asia Latin Bank levantó un reporte de operaciones sospechosa ocurrieron entre junio y noviembre de 2012 en una cuenta de la empresa Tochos Holding Limited, cuya titular era Gilda Lozoya Austin.
Lo anterior, de acuerdo con lo descrito por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial del caso Agro Nitrogenados en la que un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya.
Según informó El Universal, la FGR, durante la investigación iniciada por el caso Odebrecht, en el que Emilio Lozoya fue señalado por exdirectivos de la constructora brasileña de pedir dinero para financiar campañas electorales del PRI, las autoridades mexicanas comenzaron a rastrear las finanzas del exdirector de Pemex, lo que llevó a transferencias en Suiza, por lo que México solicitó a aquél país información sobre el exfuncionario.
Así fue como Suiza informó a México que desde 2012 inició su investigación debido a que Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, transfirió 3 millones de dólares desde una cuenta en Monclova, Coahuila, a una de Tochos Holding Limited, en Ginebra Suiza, y en la cual, desde el 1 de julio de 2003 hasta el 28 de febrero de 2012, Emilio Lozoya aparecía como titular, aunque posteriormente la beneficiaria fue Gilda Susana Lozoya Austin.
"Dicha entidad mercantil recibió recursos de Latin America Asia Latin Bank, banco privado en Suiza; en ese momento, la beneficiaria fue Gilda L.; sin embargo, llamó la atención que en ese momento ella era estudiante, por lo que no era apta para ser la representante de esa cuenta por los recursos que se manejaban, pero en lugar de suspender la relación, el banco comenzó una investigación exhaustiva”, señalaron los fiscales", detalló la Fiscalía.
Sin embargo, fue hasta finales de 2018 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) obtuvo toda la información bancaria que necesitaba y presentó una denuncia formal ante la entonces Procuraduría General de la República contra Emilio y Gilda Lozoya, así como Alonso Ancira.
